La Fiscalía tiene 34 casos de Petroecuador

Un año después de que estallara el escándalo de Petroecuador, la Fiscalía tiene en sus oficinas 34 casos relacionados con la red de corrupción al interior de la estatal petrolera.

El Comercio revisó los expedientes y se observa que unos cuentan con informes de la Contraloría y fueron remitidos por esta entidad desde el año pasado hasta junio del 2017. Allí se establecen indicios de responsabilidad penal. Otros, en cambio, están bajo reserva.

Los delitos que se investigan de forma reservada se hallan relacionados principalmente con el enriquecimiento ilícito y al peculado. En estos casos, el Código Penal (art. 581) indica que para indagar estos hechos deben existir informes previos de la entidad de control.

El fiscal General, Carlos Baca, dice que los procesos investigativos de estos expedientes avanzan. Información remitida por la Fiscalía señala que dentro de las investigaciones se han receptado versiones y se han realizado peritajes.

Solo en el caso relacionado con declaraciones patrimoniales se establecieron indicios penales en contra de 11 exfuncionarios y la esposa de un abogado de Petroecuador.

Según los análisis realizados hasta el momento, el grupo no pudo justificar las transferencias e ingresos por al menos USD 6,6 millones.

Tampoco habrían avalado el origen de bienes: vehículos, cuentas bancarias nacionales, casas y terrenos que no habrían declarado o que lo hicieron, pero con avalúos menores al valor real.

En otros informes de la Contraloría se detectaron posibles irregularidades con contratistas. Las empresas aparentemente no documentaron experiencia previa para ganar un contrato o entregaron información incompleta. Incluso habrían modificado datos del SRI que tenían que ver con su patrimonio y subcontrataron obras pese a que los contratos tenían cláusulas que no lo permitían.

Entre los indagados aparecen técnicos petroleros que se encargaron de administrar los contratos y otros que formaron parte de las comisiones que evaluaron las ofertas.

Esos informes tienen que ver con personas que ganaron contratos, principalmente, para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Al frente de ese proceso estaba el entonces gerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, hoy detenido en Quito.

En estos días seguirán las diligencias en torno a este exministro de Estado. Por ahora, su abogado, Reinaldo Zambrano, pidió al tribunal de apelaciones de la Corte de Pichincha que valore dos circunstancias a favor de su cliente.

“Se debe considerar como atenuantes que mi cliente es mayor de 60 años y que se entregó voluntariamente a la justicia, cuando ya estaba sentenciado”, dijo el abogado. Por eso solicitó a los jueces que declaren inocente a Pareja y además consideró que hubo errores durante la redacción de la sentencia escrita. Además, busca una pena menor a los cinco años que la justicia le interpuso por cohecho, en febrero.

Worley Parsons ​

Entre los informes que la Contraloría envió a la Fiscalía General del Estado hay cinco relacionados con los contratos de fiscalización y de servicios en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, a cargo de Worley Parsons.

Las investigaciones dicen que esta firma australiana se benefició de tres contratos principales y ocho complementarios, que suman USD 227,5 millones con Petroecuador. Estos fueron firmados desde el 2011 hasta el 2015. Entre las anomalías se habrían detectaron pagos sin sustento técnico de horas de trabajo, pagos adicionales por tareas que ya se incluían en contratos originales, además de irregularidades en la subcontratación.

Estos expedientes se encuentran todavía en indagación previa. El único caso en el que estaba vinculada esta empresa y que se encuentra en fase pública es la investigación a Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica Cía. La indagación se abrió por el contrato para la recuperación de condensados en la Refinería de Esmeraldas, cuya fiscalizadora fue Worley Parsons.

La Contraloría observó que esta empresa recomendó la adjudicación del contrato a Jorge Vivar, pese a que la empresa estaba inhabilitada para firmar por Petroecuador.

Carlos Pareja Yannuzzelli suscribió el contrato por USD 27,1 millones, pese a que el presupuesto referencial era de USD 23,3 millones. Es decir, con un incremento del 16% de la misma propuesta.

En un principio ocho personas fueron procesadas por este tema, pero el 2 de agosto, el juez Geovanny Freire sobreseyó al representante de Worley Parson, a Marcelo Robalino, exgerente de Logística; Carlos Quinde, ex superintendente; y José Castillo, extécnico.

Los cuatro recibieron un dictamen abstentivo, pues el fiscal no los acusó durante el proceso judicial.

Fuente: El Comercio