La deuda pública del país cerró en USD 47 978 millones este primer semestre del 2018, según las cifras hasta junio, publicadas por el Ministerio de Finanzas.
El monto representa un 46,1% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).
Si bien la cifra refleja una reducción si se compara con el nivel registrado en enero, cuando se ubicó en 47,7% del PIB, el indicador sigue estando por encima de lo permitido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
El Coplafip establece que el endeudamiento público no puede sobrepasar el 40% en relación con el PIB.
Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, explica que aunque el ritmo de endeudamiento experimentó una desaceleración entre enero y junio, el Gobierno no podrá seguir posponiendo una contratación de nueva deuda hasta el cuarto trimestre del año, que es el que demanda mayor liquidez al Fisco.
Según Spurrier, uno de los factores que ha limitado al Gobierno en la contratación de nuevo financiamiento es el examen especial a deuda pública que presentó la Contraloría en abril.
El ente de control determinó que el Gobierno anterior sobrepasó el límite legal de endeudamiento, definido en el Coplafip.
Hay dos factores que incrementarán el volumen de compromisos de deuda del Estado durante el segundo semestre.
El primero es la Ley de Fomento Productivo. El veto a este documento, enviado por el Ejecutivo a la Comisión de Desarrollo Económico el pasado miércoles 18 de julio del 2018, plantea sincerar las cifras de endeudamiento público.
Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica que con la objeción al artículo 42 de la Ley, referente a la definición de deuda pública, se tendría que incorporar al cálculo a las preventas petroleras.
Según datos de Finanzas, la deuda por preventas es de USD 409,9 millones.
Otro cambio que propone el veto busca reconocer la deuda del Estado con el Banco Central (BCE), por la dación de pago con acciones.
Durante el Gobierno anterior, como mecanismo para obtener liquidez, Finanzas emitió Certificados de Tesorería (Cetes) en los que el BCE invirtió. Y, en lugar de devolver recursos líquidos, Finanzas entregó USD 2 136 millones al BCE en acciones de la banca pública como la CFN, por ejemplo, en dación de pago.
En el veto, el Ejecutivo propone que Finanzas compre con bonos del Estado estas acciones al BCE.
Ortiz explica que al hacerlo, se tendrá que registrar ese monto como deuda interna.
Al sumar las preventas y la dación en pago, el monto de las obligaciones subiría a USD 50 525 millones; esto es, el 48,6% del PIB.
El Ejecutivo plantea en el veto esta medida “para establecer claramente el proceso de recomposición de los activos del Banco Central”.
El segundo factor que incrementará el nivel son las necesidades de financiamiento, que este año ascienden a USD 9 500 millones, según Finanzas.
Richard Martínez, ministro de Finanzas, descartó que en el corto plazo el país emita bonos en el mercado internacional.
Esto, debido a que el indicador de riesgo país -que refleja las posibilidades de que un país caiga en mora – es alto para Ecuador, lo que derivaría en tasas de interés más altas para el país. Hasta el pasado viernes 20 de julio, el indicador se ubicó en 642 puntos, cuando en Perú estuvo en 124 puntos.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, señaló que en el segundo semestre el Gobierno puede recortar gasto como lo hizo hasta junio, cuando lo bajó en USD 500 millones, y colocar deuda interna para no tener que emitir bonos.
Carrera añade que es una buena opción acudir a créditos de multilaterales, porque tienen tasas de interés más bajas.
El ministro Martínez reconoció que esperan que la Ley de Fomento entre en vigencia para poder buscar financiamiento.
Fuente: El Comercio
