Celi: “Decreto Ejecutivo 1218 rebajó artificialmente la deuda”

El documento, firmado por Rafael Correa en octubre de 2016, descartó la deuda interna del Estado para el cálculo del nivel de deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Nuevas auditorías realizará la Contraloría General del Estado (CGE) al manejo de la deuda pública entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, durante el gobierno de Rafael Correa.

El examen especial que ejecuta en el momento la institución tuvo limitaciones en la obtención de información, por parte del Ministerio de Finanzas, por lo que se abrirán otros procesos al respecto.

Pablo Celi, contralor general subrogante, dijo a Ecuador TV que los nuevos exámenes abordarán todos los tópicos que “son imposibles de analizar por falta de información en el examen actual”.

Uno de los seis hallazgos preliminares cuestiona que con el Decreto Ejecutivo 1218 del 20 de octubre de 2016, firmado por Correa, se dejó de considerar la deuda interna para medir el endeudamiento frente al Producto Interno Bruto (PIB).

Según Celi, se hicieron modificaciones arbitrarias generando una rebaja artificial del monto adeudado, lo que constituye un elemento de distorsión para el proceso de auditoría. El decreto establece que para el cálculo de la deuda pública con relación al PIB se lo hará sobre los estados consolidados de Deuda Pública, con base al Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera quedaron por fuera obligaciones del Estado con entidades públicas, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), banca pública y los Certificados de Tesorería (Cetes). (Ver infografía).

Antes se tomaba en cuenta la deuda agregada; es decir, la suma entre la deuda interna y externa.

Al respecto, la comisión auditora estima que si bien la medida se inspiró en el Manual del FMI, no se acataron por completo los mecanismos ahí contemplados.

El cambio metodológico se produjo en momentos que el endeudamiento se acercaba al límite legal establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo artículo 124 indica que el saldo de la deuda pública no podrá sobrepasar el 40% del PIB.

Hasta agosto de 2016 el monto llegaba a $ 36.810 millones (38,6%), pues consideraba la deuda agregada.

Al excluir las obligaciones con el IESS y más instituciones, el margen se redujo y hasta diciembre de ese año la deuda consolidada cerró con $ 32.639,5 millones, equivalentes a 32,5% del PIB, según los boletines de deuda del Ministerio de Finanzas.

Este mecanismo amplió el espacio para que el Gobierno contrajera nuevos compromisos manteniéndose en los límites permitidos. La Contraloría sostiene que ese año los pasivos del Estado fueron $ 65.750 millones (67,7% del PIB), de los cuales $ 50.550 constituyen  deuda pública (52,54%).

Más de $ 15.000 millones quedan en suspenso porque, indicó Celi, la anterior administración no calificó varios rubros como parte de la deuda; uno de ellos, la preventa de crudo.

Distintos criterios

El nivel de endeudamiento ha quedado en entredicho para analistas y figuras políticas, quienes estiman que si se toman los pasivos del Estado en su conjunto la deuda pública actualmente rebasaría por mucho el techo legal.

Según el mecanismo del aún vigente decreto 1218, a enero de 2018 la deuda consolidada quedó en 34,3%. Sin embargo, la deuda agregada ascendió a $ 49.602 millones.

Pablo Dávalos, miembro de la Veeduría Ciudadana que acompaña el examen especial, observó que con el decreto se “partió” la deuda y estima que el saldo actual sería de $ 70.000 millones.

A su criterio, los resultados preliminares de la Contraloría dejan entrever la legalidad de la deuda contraída en 2017 y 2018, pues en 2016 ya se habría superado el 40% establecido por ley.

La solución, dijo, no está en aumentar el techo de endeudamiento, se debe derogar el decreto y que la Asamblea Nacional apruebe un cambio en la regla macrofiscal que modifique la perspectiva económica.

Santiago García, vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), está de acuerdo con que el decreto haya separado del cálculo los títulos menores a 365 días (Cetes). Para él, es prematuro concluir que las obligaciones del último año son ilegales.

No obstante, estima necesario que la Asamblea Nacional aumente el límite de endeudamiento y no solo vincularlo al PIB, sino también a la capacidad de pago del país y otras variables.

También es partícipe de incrementar el techo el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, quien mencionó que el informe borrador de la Contraloría confirma lo que varios economistas aseguraban sobre la real situación de las deudas.

Ortiz indicó que la deuda consolidada sirve al FMI para hacer análisis entre sectores, pero al momento de medir el endeudamiento lo hace con los valores totales.

De acuerdo a sus cálculos, si se incluyen Cetes, preventa, haberes con entidades públicas y tramos pendientes de compromisos pasados la deuda pública a la fecha se aproximaría a los $ 60.000 millones.

A juicio de Rosa Matilde Guerrero, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la situación es   más compleja que elevar el techo.  Se deben tomar acciones conjuntas a través de un programa macroeconómico integral.

Propuso restituir los Fondos de Estabilización. Además, opinó que Correa y su equipo interpretaron mal la norma contable del FMI.


El IESS levanta la reserva de sus estudios

Los estudios actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dejan de ser reservados, luego de que el Consejo Directivo de la entidad levantó esa categoría permitiendo que el contenido sea público.

En la sesión 792 realizada el 15 de marzo, el Consejo Directivo del IESS resolvió por unanimidad revocar la declaratoria de reservados a los estudios actuariales determinados en las resoluciones del 23 de noviembre de 2016 y de enero de 2018.

El reciente nombrado presidente del IESS, Manolo Rodas, manifestó que la determinación del Consejo atiende una política de transparencia con la ciudadanía.

Agregó que se dispuso la inmediata actualización de los estudios actuariales con cifras a 2016, cuyos resultados deberán estar listos para el segundo semestre del año en curso.

Para este proceso se solicitará el acompañamiento de las universidades.

Mientras que avanza la elaboración del informe actuarial 2016, Rodas se comprometió a que su gestión se enfocará en optimizar el sistema de atención en salud y garantizar el pago de pensiones a jubilados. Conminó a empleadores y afiliados a llevar un debate técnico.

El IESS celebró ayer sus 90 años de vida institucional.

Fuente: El Telégrafo